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Las autoridades del futbol chileno están preocupadas por una eventual modificación a la ley contra la violencia en los estadios, lo que pondría en riesgo la Copa América 2015, que iniciará en este país el 11 de junio.

La Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) consideró que las nuevas atribuciones que podrían tener los intendentes (representantes del Poder Ejecutivo en cada región) en los inmuebles podrían interpretarse como una “intervención” del gobierno.

El cambio a la legislación le otorga facultades a los intendentes para determinar los aforos de los estadios, los horarios de los encuentros e incluso suspender un encuentro antes o durante su realización por razones de seguridad.

Estas modificaciones serían vistas por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) como una “intromisión de la autoridad”, lo que está prohibido en la Carta Olímpica Internacional.

De aprobarse la modificación a la ley, en los próximos tres meses, la ANFP deberá informar a la FIFA y a la Conmebol, y éste último organismo podría quitar la Copa América a Chile por la nueva atribución que tendrán los intendentes antes y durante los partidos.

El representante de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, aseveró a periodistas que “ocupar la amenaza de suspensión de la Copa América como excusa para no tocar la ley es ir demasiado lejos”.

“En una sociedad democrática, ninguna entidad puede sostener que discutir y mejorar la legislación vigente sea causal de suspensión de un campeonato tan importante como el de 2015”, enfatizó el intendente metropolitano.

Las autoridades del Plan Estadio Seguro, dependiente del Ministerio del Interior, señalaron en un comunicado que “el espíritu del proyecto de ley es respetar la autonomía de la ANFP en cuanto a su facultad de programar espectáculos de futbol profesional”.

Aclaró que la facultad que se le otorgaría a las intendencias regionales para suspender un encuentro “son exclusivamente por razones fundadas en el resguardo del orden público y de la seguridad”.