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La ex presidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Arco Effy Didier Sánchez continúa en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla acusada por el delito de peculado y facturas apócrifas presentadas a la CONADE durante su gestión.

A la dirigente deportiva le impusieron los montos y si presenta las garantías podría continuar el proceso en libertad condicional. Sin embargo, hasta el momento no ha podido cubrir las fianzas por un monto equivalente a la denuncia de 4.1 millones de pesos, la garantía y otro más de menor monto.

El juez se declaró incompetente al argumentar que toda la documentación exhibida como susceptible de delito tiene su origen en Mérida, Yucatán, por lo cual podría ser remitida la acusada a esa entidad. Se mantiene a la espera de que el juzgado de la península determine sí es o no de su competencia.

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Asimismo, el juez responsable de llevar el caso de la primera mujer relacionada con la dirigencia del deporte encarcelada,  consideró que no es necesario que se le retenga el pasaporte y como no esta en funciones no tendría por qué viajar al extranjero.

Desde que se giró la orden de aprensión en contra de Effy vivió en diferentes ciudades del país, en Cancún, Mérida y la Ciudad de México, entre otras. Si presenta las garantías y quedara en libertad condicional tendría que presentarse a firmar cada semana al reclusorio. No hay una fecha perentoria.

CONTINÚA EL PROCESO PENAL EN CONTRA DE LOZANO

En el caso de Antonio Lozano, reelecto por tercera ocasión al frente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo el sábado pasado, el proceso que se le fincó en diciembre del año pasado no ha concluido. El juicio se mantiene en la etapa de descargo de pruebas presentadas por la defensa con el objetivo de desacreditar las presentadas por el organismo de gobierno.

Hasta que el juez decida que ya tenga los suficientes argumentos se dictara o se revocará la sentencia. Las personas de la CONADE que han seguido el caso consideran que se le ratificará el auto de formal prisión, porque todo los testimonios presentados no contradicen las pruebas que el organismo de gobierno presentó.

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Los otros casos que se dieron a conocer en la gestión de Alfredo Castillo no continuaron. A raíz del fallecimiento de Alonso Pérez el proceso legal en contra de la Federación Mexicana de Beisbol no tuvo continuidad; en la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, como fue un proceso local y muy similar a la acusación del atletismo, se desistió el gobierno de Sonora. El resto de las revisiones que se hicieron no se tuvieron suficientes argumentos.

Para acreditar las pruebas del delito eras las comprobaciones que hacían las Federaciones Nacionales,  con documentos originales, los cuales no están en poder de la CONADE sino de las propias Asociaciones Deportivas. Cuando se les requirió la mayoría de los presidentes declararon que no los tenían, estaban en poder de sus abogados o los entregaron al SAT.