La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) está facultada para solicitar copias de archivos de interés de cualquier persona o empresa que tenga datos útiles para una investigación e incluso puede usar a la fuerza pública para protección de su personal, aseguró Sergio López Rodríguez, titular de la Unidad de Investigación del organismo.

Estas declaraciones surgen después de que, según ESPN, la Federación Mexicana de Futbol acusó que el regulador de la competencia confiscó computadoras de la asociación civil.

“Según el artículo 75 de la Ley Federal de Competencia Económica, la Cofece puede emitir requerimientos de información, de documentos, citatorios para declarar a las personas físicas, la visita de verificación a las instalaciones y puede copiar los archivos de forma física, con fotocopias, o digital, de los discos duros de las computadoras, a través de un equipo forense, e incluso utilizar a la fuerza pública para la protección del personal”, precisó López Rodríguez, aunque declinó dar detalles de los procedimientos de investigación para no violar el debido proceso.

El funcionario detalló que la investigación no persigue a ninguna persona o equipo en particular, pues, en este momento, la Cofece está en la etapa de recabación de datos para determinar si existen prácticas monopólicas que afecten el traspaso de los jugadores.

“Lo que estamos investigando es el mercado de fichaje, es decir, los procesos de reclutamiento y contratación que llevan a cabo los empleadores. Lo que la comisión busca que prevalezcan las condiciones de competencia para incluirse en un mercado”, mencionó Sergio López.

Aseguró que este caso es el primero que investiga la Cofece en relación con el mercado laboral, debido a que detectaron indicios de actuaciones indebidas en los procesos de “selección y reclutamiento” de futbolistas en el mercado mexicano, lo que podría impedir que los profesionales del deporte más popular del mundo no puedan tener movilidad laboral.

López Rodríguez comentó que la autoridad de competencia puede tardar hasta dos años y medio para determinar si existen prácticas indebidas en el “mercado de piernas”. / Mario Alavez/