Los altos cargos del Comité Olímpico Internacional (COI) se reúnen a partir del viernes en Tokio, listos para decidir el futuro olímpico del boxeo, bajo amenaza de exclusión de los Juegos de 2020 organizados en la capital japonesa.

El presidente del COI, Thomas Bach, se declaró hace poco “extremadamente preocupado por la gobernación” de la Federación Internacional de Boxeo (AIBA), que eligió como presidente a principios de noviembre al controvertido uzbeco Gafur Rakhimov.

El hombre de negocios de 67 años está acusado de ser un “criminal mayor” de su país por el Tesoro estadounidense, lo que condujo al COI a suspender sus relaciones con la AIBA cuando fue nombrado presidente interino en enero. El COI también congeló sus ayudas financieras a la federación.

Sin embargo Rakhimov niega las acusaciones del Tesoro estadounidense. A principios de octubre aseguró a la AFP que nunca estuvo “implicado en organizaciones criminales transnacionales”, denunciando “falsas acusaciones fabricadas por el precedente régimen” en Uzbekistán.

Pero la crisis de gobernación en la AIBA viene de lejos. Los problemas también llegan a las finanzas a su economía, la ética, la integridad deportiva y la lucha antidopaje.

En los Juegos-2016 de Rio, 36 oficiales y árbitros fueron suspendidos con rumores de fondo de combates amañados.

Desde entonces, la AIBA ha sido “más allá de las exigencias” en materia de gobernación, aseguró la semana pasada Rakhimov, poco después de la entrega de un informe que debía responder a las preocupaciones.