15, mayo 2020 - 10:55
lupitagonzalez
POR HÉCTOR REYES
Por cuarta ocasión, el Tribunal de Arbitraje del Deporte pospuso el fallo de la medallista olímpica de plata, la marchista mexicana Guadalupe González, para el 30 de junio, ya que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) tiene esa facultad como lo dio a conocer a mediados de marzo a consecuencia del COVID-19.
Los abogados defensores Andrés Charria, Víctor Delgado y Daniel Dueñas, con el conocimiento de la deportista mexicana emitió un comunicado con ocho puntos para dar conocer los pormenores de la situación que ha vivido la marchista hasta el 15 de mayo, fecha en la cual se esperaba el fallo definitivo.
De esta manera continua el suspenso para la atleta mexicana, lo que no ha sido normal ya que en su caso ya se celebró la audiencia. Los abogados que siguen el caso trataron de reducir al menos de cuatro a dos años la sanción y con ello ella tuviera la oportunidad de buscar la marca a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Andrés Charria y su equipo dieron a conocer la cronología del proceso que ha seguido González Romero, desde que el 17 de octubre de 2018, cuando se le realizó un control de dopaje fuera de competencia que arrojó positivo por consumo de trembolona.
El 16 de noviembre del 2018 recibió la notificación y se suspendió a la atleta de manera provisional; el 17 de abril se llevó a cabo la primera audiencia con el órgano jurídico de World Athetics antes IAAF; el 9 de mayo, se da a conocer la sanción de cuatro años; y el 22 de junio se presentó la apelación ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte con sede en Bruselas, Bélgica.
A partir de ese momento, indica el comunicado que dio a conocer el despacho del abogado Charria que se agotaron todos los argumentos y quedaron a la espera del fallo.
Los puntos 7 y 8 del comunicado indican que el TAS le da tres meses al panel para evitar al menos la parte operativa del fallo. Término que puede ser ampliado por el presidente de la Cámara de Apelación, lo que así sucedió.
El fallo de la Corte ha sido ampliado los días 2 de diciembre de 2019, 29 de enero de 2020, 30 de marzo y 15 de mayo. En la comunicación que recibieron del TAS se aplazó la fecha hasta el 30 de junio.
Consideraron extraño la demora en dictar el fallo ya que desde su punto de vista es relativamente sencillo en relación a otros casos que han sido resueltos en circunstancias similares y en menor tiempo.
Y muy importante, afirmó Andrés Charria y su equipo: “estamos convencidos de la inocencia de Lupita y esperamos que la tardanza en dictar la sentencia se vea recompensada con la anulación o al menos la reducción de la sentencia de primera instancia a dos años”.
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La especialista en Derecho Deportivo, Patricia Muñiz Domínguez, quien fungió como miembro de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (La CAAD), fue la persona que recomendó a Lupita González el despacho colombiano dirigido por el abogado Andrés Charria Sánez.
Explicó que los términos del Tribunal Arbitral del Deporte se pararon, solamente los casos en los que ya había audiencia principal se han dado a conocer algunas resoluciones. El proceso de Lupita González se ha aplazado en tres ocasiones y se fijó una cuarta fecha para el 30 de junio.
Los abogados durante la audiencia tuvieron que sortear la posición de la Corte en relación a la defensa anterior, “no fue tanto la parte técnica de dopaje, porque él lo maneja muy bien, sino el tema de que ya estaban también sobre la resolución que había dado la IAAF y que en su momento señaló punto por punto el panel de jueces que siguió el caso de Lupita”.
Esta situación quedó consignada en el documento sobre la sanción a la que fue objeto la medallista olímpica, reiteró: “La sanción no es tanto por las normas antidopaje sino por todo lo que conllevo, manejó ella en un inicio y su defensa anterior le manejó otra versión, se fabricaron pruebas y hubo muchas inconsistencias en la defensa”.
Charria Sánez, le comentó a Patricia Muñiz, que cuando llegaron a la sede del TAS, se disculparon por lo ocurrido, ya que Lupita no es experta en Derecho Deportivo, sino en su actividad como atleta dentro de la marcha hasta convertirse en una de las mejores del mundo.
“Ella no sabía a quién estaba contratando, la defensa anterior no era especialista en el tema de dopaje y eso es cuestionable”, declaró Muñiz Domínguez, sobre el papel que jugó el abogado anterior que complicó el caso en lugar de ayudar a la deportista.
“Una autoridad de la IAAF cuestionó que presentaron facturas apócrifas y por lo inverosímil contrataron a un investigador privado y ahí se dieron cuenta de todas esas cosas”, puntualizó la abogada mexicana con Maestría en Gestión y Derecho Deportivo y autora del libro “El Deporte es Nuestro Derecho”. (Héctor Reyes)
