Coralie FEBVRE | AFP

FOTO: Adrian DENNIS | AFP

El lanzamiento de un proyecto de Superliga europea privada puede conducir a la UEFA y a los doce clubes fundadores de la nueva competición a una batalla que es a la vez jurídica y política, con grandes implicaciones para el deporte del continente.

¿Quién acudirá a los tribunales? ¿Con qué argumentos y con qué posibilidades de ganar el proceso?

¿Dónde estamos? 

En un correo enviado el lunes a la FIFA y la UEFA, los promotores de la Superliga aseguraron haber lanzado ya “un proceso ante los tribunales competentes para asegurar la instauración y el funcionamiento sin contratiempos de la competición” y este lunes obtuvieron una primera victoria ante un tribunal madrileño.

A la espera de decidir sobre el fondo del asunto, el Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid adoptó medidas cautelares por las que prohíbe a FIFA, UEFA, ligas nacionales y federaciones, adoptar “cualquier medida o acción” contra el proyecto de Superliga o sus fundadores.

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Esta decisión paralizaría de momento cualquier sanción contra los disidentes, que podría llevar incluso a prohibir participar en la Eurocopa o el Mundial a los jugadores que participen en el nuevo torneo, pero también podría permitir a todas las partes iniciar negociaciones, tal como dejó entrever este martes el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, al recordar a los disidentes que “aún es tiempo de cambiar de opinión”.

La UEFA y la FIFA podrían “tomarse un tiempo para estudiar su respuesta y ver si la oposición de los aficionados no es suficiente para acabar con la Superliga”, explicó a la AFP Antoine Duval, especialista en Derecho europeo del deporte en el Instituto Asser de La Haya.

Una vez acabadas la Liga de Campeones y la Eurocopa, sería el momento “de iniciar realmente la batalla, si no se ha resuelto antes” la situación, estima el experto.

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¿Son legales las amenazas? 

En su ofensiva, la Superliga europea puede basarse en la sentencia de diciembre de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a la Federación Internacional de Patinaje (ISU), que limita las acciones de las instancias deportivas para preservar su monopolio.

La jurisprudencia ISU “permite a la UEFA defender sus competiciones” invocando dos “objetivos legítimos”, analiza Duval: la “protección de su calendario”, en competencia frontal con el de la nueva Superliga, y la “preservación de su modelo redistributivo”.

Anticipando estos argumentos, la Superliga asegura que “no tiene como objetivo sustituir a la Liga de Campeones o la Europa League” y promete “pagos de solidaridad”, dos puntos que serán duramente debatidos.

Pero aunque la respuesta de la UEFA o de las ligas domésticas pueda calificarse de legítima, ésta tendrá que ser “proporcional a los objetivos”, advierte por su parte Katarina Pijetlovic, investigadora en Derecho en la Universidad de Mánchester.

“Si las sanciones contra los clubes (por ejemplo una exclusión de las ligas domésticas) son suficientes para descartar la amenaza, entonces castigar a los jugadores no sería necesario“, explica a la AFP.

Anticipando estos argumentos, la Superliga asegura que “no tiene como objetivo sustituir a la Liga de Campeones o la Europa League” y promete “pagos de solidaridad”, dos puntos que serán duramente debatidos.

Pero aunque la respuesta de la UEFA o de las ligas domésticas pueda calificarse de legítima, ésta tendrá que ser “proporcional a los objetivos”, advierte por su parte Katarina Pijetlovic, investigadora en Derecho en la Universidad de Mánchester.

“Si las sanciones contra los clubes (por ejemplo una exclusión de las ligas domésticas) son suficientes para descartar la amenaza, entonces castigar a los jugadores no sería necesario”, explica a la AFP.

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¿Se llegará al terreno político? 

El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró este martes que su gobierno no descarta “ninguna medida” para detener la Superliga, al tiempo que la Premier League también se plantea “todas las acciones posibles” en contra del proyecto.

Más ampliamente, “uno de los efectos secundarios” de la implosión del fútbol europeo “podría ser repensar completamente su regulación, metiendo a los Estados en ese juego”, estima Duval.

París o Berlín -cuyos clubes se mantienen por ahora al margen del proyecto- o Londres podrían así pedir la opinión de las autoridades de la competencia o buscar vías europeas para consolidar el monopolio de la UEFA, explica el jurista.

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