EFE

El juez que instruye el denominado “caso Osasuna” estima que hay indicios de que desde este club español de la ciudad de Pamplona se destinaron 900.000 euros a amañar, al menos, tres partidos de la temporada pasada.

Se trataría de 250.000 euros entregados presuntamente al Espanyol por un empate y 650.000 al Betis por dos partidos (400.000 por ganar al Valladolid y 250.000 por dejarse ganar por Osasuna).

El magistrado, que ha ordenado el levantamiento parcial del secreto del sumario, sigue investigando otros partidos cuyo resultado también fue presuntamente alterado por Osasuna, así como el destino de 2,4 millones de euros extraídos en metálico de las cuentas del club.

En las diligencias abiertas, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona no ha hallado evidencias de que se hubiera firmado un contrato entre el fondo Flefield (afincado en la isla de Madeira) y Osasuna por importe de 1.440.000 euros.

El juzgado está pendiente de recibir la información reclamada a las autoridades portuguesas a través de una comisión rogatoria, si bien considera que todos los datos apuntan a que tanto el supuesto contrato como las correspondientes facturas “son falsos” y se crearon por directivos del club para “justificar contablemente la salida de importantes cantidades de dinero en metálico”.

De igual forma, el juez, que mantiene el secreto de una parte de las actuaciones, considera acreditado que el supuesto pago efectuado el 1 de junio de 2013 a unos agentes inmobiliarios por importe de 900.000 euros “no llegó a realizarse nunca” y el recibo del pago es también falso.

El juez ha acordado también abrir otra pieza separada para extender la investigación a la presidencia de Pachi Izco al haber descubierto que entre 2003 y 2007 se extrajeron en metálico 3.090.000 euros de las cuentas del club.

Según expone el juez, hay “fuertes sospechas” de que, al menos parte de dicho dinero, pudo destinarse no tanto a posibles amaños de partidos sino a la “gestión desleal del patrimonio de Osasuna”, lo que podría dar lugar a delitos de apropiación indebida, societarios, de falsedad contable, blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública.